viernes, 8 de abril de 2011

POLITICA EDUCATIVA DE MEXICO

INTRODUCCIÓN


El desarrollo por demás dinámico de las relaciones económicas y políticas en el último tercio del siglo XX, propició nuevas configuraciones de las estructuras sociales y sus instituciones, el sector educativo constituye uno de los componentes primordiales en este proceso de transformación al considerársele un ámbito estratégico en la política internacional. La globalización, fue uno de los ejes fundamentales que dio cabida al proceso de la transformación de fin de siglo que implicó un reordenamiento de los compromisos del Estado y de una toma de posición ante los inminentes cambios que atravesaron por condiciones nacionales complejas, incluidas las derivadas de la producción material, la demografía, la migración, la diversidad cultural y la reconfiguración política.
Los rasgos que adoptó el sistema educativo mexicano, en especial el nivel de educación superior, sin duda están relacionados con las transformaciones del modelo económico implementado en México con sus subsecuentes reformas políticas en su más amplio sentido. Estos cambios tendieron a redefinir el papel social de la educación superior, estableciéndose nuevas prioridades dentro del sistema, definido en muchos sentidos, por un contexto basado en la mundialización de la producción y reproducción del conocimiento “útil”.
De hecho la disputa sobre su papel frente a la globalización, también está influenciado por los diversos posicionamientos de la política global y la tendencia hacia una construcción general de la política educativa. Los cambios del nuevo orden de la política económica, implicaron al mismo tiempo modificaciones en las estructuras básicas del sistema que repercutieron en las formas típicas de organización del sistema público universitario (en las políticas de financiamiento). La noción de privatización fue uno de los elementos centrales que intervinieron en estos cambios. Su papel es central en tanto ha penetrado no solo como un componente discursivo, implicó cambios en las estructuras del sistema superior y de los imaginarios sociales que han impactado en una visión particular de los sujetos respecto a las universidades y la formación profesional.

LAS  POLITICAS EDUCATIVAS MEXICANAS

Para dimensionar los cambios recientes de las políticas educativas mexicanas, es necesario tener presente que por su Constitución el país es una república federal, formada por 31 estados y un distrito en el que reside el gobierno federal; en realidad, y en parte debido a la ausencia de un funcionamiento plenamente democrático de las instituciones nacionales, el régimen de gobierno a lo largo del siglo XX    se distinguió por un fuerte centralismo, mayor incluso que el de muchos países democráticos de régimen no federal.

El sistema educativo moderno se constituyó a partir de la segunda mitad del siglo XIX, después de que la Constitución de 1857 adoptara la idea de una educación elemental pública laica, obligatoria y gratuita. Desde entonces hasta la época de la Revolución (1910-1917), y de manera congruente con el régimen federal, el manejo de la educación fue responsabilidad de cada estado, y al gobierno federal sólo le correspondió manejar las escuelas del distrito y de los territorios federales. Tras la aprobación de la Constitución de 1917, el gobierno federal incrementó su peso respecto a los estatales en todos los ámbitos. En lo relativo a educación esto se reflejó en la creación de un ministerio federal, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921. A partir de ese momento el peso del gobierno federal en el manejo de todo el sistema educativo nacional se hizo cada vez mayor. De esa fecha a la década de 1990 pueden distinguirse unas cuantas grandes tendencias en las políticas educativas:
La de impulsora de la SEP, que veía en la escuela un medio clave para construir un país culto y democrático tras la Revolución. Admirador de las culturas prehispánicas y de los predicadores que acompañaron la conquista en el siglo XVI, José Vasconcelos promovió la educación con una concepción civilizadora y un espíritu misionero, que se reflejó en heroicas campañas de alfabetización y continuó con la época de oro de la escuela rural mexicana.                                                                                                     
Un rasgo importante de la política educativa del sexenio 76-82 fue el impulso a la descentralización educativa que se dio en marzo de 1978, con la creación de las delegaciones de la SEP en los estados de la República; esta política reforzaba intentos descentralizadores previos poco exitosos, cuya urgencia ponía de manifiesto la creciente evidencia de lo inapropiado del centralismo en un país de las dimensiones de México.                                                    
Los logros de la política educativa del sexenio distaron mucho del eslogan de revolución con que se le designó; la crisis económica se reflejó en la reducción de los recursos para la educación, en especial los relativos al salario de los maestros, que sufrieron un grave deterioro. Otro aspecto central de la política, el relativo a la descentralización, no mostró avance alguno.
Pese a la prioridad de la educación básica y las limitaciones presupuestales, y desmintiendo las acusaciones de que se buscaba privatizar la educación superior, en este nivel los apoyos a las universidades públicas iniciados por Salinas continuaron (Fondo para la Modernización de la Educación Superior, FOMES) y surgió uno muy importante, el Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), eje de la nueva política nacional de educación superior.                                          
La consolidación del proyecto de Universidades Tecnológicas, que ofrece carreras superiores cortas y que había comenzado a fines del sexenio de Salinas.                                                                                                                      
Diversos mecanismos de evaluación de programas e instituciones de educación superior, como el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), y varias agencias acreditadoras de programas.                                                                  
Por otra parte, la descentralización educativa promovida durante la década pasada, denominada federalización, fue sin duda un avance desde la óptica del fuerte centralismo prevaleciente a lo largo del siglo XX, pero en la perspectiva de lo deseable es claramente insuficiente, pues el margen de acción de los estados permanece muy reducido, y el peso del ministerio federal, la Secretaría de Educación Pública, sigue siendo de hecho, y aún en la legislación, el principal.
En México la enseñanza media comprendía la secundaria, llamada media básica, y el bachillerato o formación técnica equivalente, denominado media superior; desde la Ley de 1993 la secundaria forma parte de la educación básica, y como tal se volvió obligatoria, pero fuera de eso no tuvo cambios significativos y su reforma curricular quedó a la espera de mejores tiempos.
                                                                                                          
Procesos de transformación hacia una nueva política de Estado.

Uno de los componentes centrales que iniciaron la transformación reciente de la política del Estado mexicano fue la severa crisis económica de la década de los ochenta.
Los principales ajustes estructurales en este contexto, implicaron negociaciones importantes en la política fiscal, monetaria, salarial y sobretodo la concerniente a la política de cambio y  comercio exterior. Desde luego, estas reordenaciones implicaron cortes en las inversiones públicas, en gastos sociales y en los modelos de subsidio en términos generales. La contención del salario real, la devaluación del tipo de cambio y los incentivos para las exportaciones en sentido inverso a las importaciones, tuvieron consecuencias importantes. No obstante que la intencionalidad era la de fomentar políticas de combate a la inflación, la realidad mostró un resultado negativo, pues entre otros factores se presentó un importante debilitamiento fiscal y la emergencia de ayudas financieras por parte del sector privado. Tales cambios fueron denominados en las diversas políticas estatales como la etapa de la modernización. La modernización, en pocas palabras, tenía la intención de “igualar” acciones entre los países centrales y los periféricos es decir, entre los países desarrollados y los que se encuentran en vía de desarrollo, de ahí que las reformas en México implicaron cambios fundamentales en la participación del Estado y en aspectos básicos del proyecto de nación cuyo eje se fundamentó, al menos en términos discursivos, en la competencia internacional. La base política giró hacia las reglas de la globalización cuyos efectos trastocaron las estructuras fundamentales que históricamente parecían inquebrantables.
A finales de la década de los ochenta los grandes acontecimientos mundiales, que dieron una nueva dirección a las relaciones internacionales, propiciaron paralelamente modificaciones sustanciales que más bien se encaminaron a proteger los intereses de los países centrales que a dar soluciones concretas a las necesidades nacionales.



CONCLUSION

Las políticas educativas que guiaron el desarrollo del sistema educativo mexicano durante el siglo XX, centra la atención en el análisis de las políticas de la última década del mismo, y que contiene la propuesta de políticas para los primeros años del siglo XXI, tal como han sido presentadas por los responsables del sector educativo. Se encuentra un grado considerable de continuidad, ha la vez que un esfuerzo explícito por superar las limitaciones detectadas en las políticas.
En el caso de la educación superior mexicana, la perspectiva profesionalizante, por un lado, y la división del trabajo intelectual (entendida en torno a la investigación) por otra, establecen dentro de las instituciones superiores, una redefinición del intercambio en el mundo productivo a nivel nacional e internacional. La orientación de las currículas universitarias, así como las paulatinas reestructuraciones en la gestión institucional son fruto, en buena medida, de la reorganización de los mercados.
La articulación entre la educación superior y el mundo de la producción económica está mediada, al mismo tiempo que posibilitada, por un conjunto de determinaciones institucionales, legislativas, entre otras, que definen escenarios, políticas y estrategias que permiten la articulación entre ambos ámbitos.
Las implicaciones de la internacionalización derivan, además del desarrollo del conocimiento mismo que hay que reconocer, en una tendencia hacia la estandarización de ciertos convencionalismos dentro del sistema de educación superior, que independientemente de los desarrollos particulares de las instituciones por sus propias trayectorias, implicaron modificaciones en los criterios de calidad, el tipo y modalidades de acreditación, la utilización de lenguajes comunes para calificar las propias competencias académicas, la preeminencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones como una herramienta fundamental en el intercambio y difusión del conocimiento, entre otros elementos que se han convertido en componentes básicos de las instituciones de educación superior.

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